Una de las pocas cosas que quedaban mínimamente democráticas en Bolivia era la separación de poderes. Digo lo de mínimamente porque al ex-presidente Sánchez de Lozada se le persigue por un delito de genocidio por la muerte de 60 personas (viva el uso correcto del vocabulario, dentro de nada llamaremos catástrofe humanitaria a no desayunar).

Pues bien, parece que la justicia actual no acaba de convencer al presidente boliviano y les ha acusado de corrupción. Pero a lo bestia.

"En una investigación encontramos que cada año, término medio, hay una denuncia sobre los miembros del Poder Judicial, 1.500 sobre algunos miembros del Poder Judicial están envueltos en temas de corrupción"

Perdón, he dicho a lo bestia...

'Ha habido una investigación, no del Estado boliviano, sino de un organismo internacional, nada menos que de USAID de EE.UU., que demuestra que en el poder judicial (...) se roban 300 millones de dólares por año'.

Esto ha sido desmentido por dicha organización, y los jueces están que trinan. Uno ya ha dimitido y el resto, al margen de exigirle pruebas, se plantea si hacer lo mismo.

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