Escuchando la SER, he oído una entrevista a Joan Puigcercós. En ella, el representante de ERC en el congreso que el principio de solidaridad que regía en el artículo 2 de la Constitución tenía un límite, y que no iban estar toda la vida mandando ayuda a las comunidades autónomas más desfavorecidas, como ya estaba pasando con la Unión Europea. Tras la entrevista, Fernando Fernandez dijo al respecto que iba en contra de la solidaridad, a lo que Javier Pradera le reprochó la incoherencia de "sus ideas" (neoliberales) que estaban a favor de esos principios de solidaridad en el caso español y no en otros... a lo que yo le tengo que replicar al señor Pradera que sea igual de riguroso con el señor Puigcercós cuando afirme que la solidaridad tiene un límite... y le pida coherencia, porque ese señor pertenece a un partido de izquierdas.
Pero hay un elemento del señor Puigcercós que me parece sumamente interesante, y es el de la idea de la solidaridad en el Estado español. El artículo 2 de nuestra Constitución dice:
"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce la garantía y el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas"
Al señor Puigcercós le duele todo el artículo, pero especialmente el artículo esa última parte, la de la solidaridad entre todas ellas (las comunidades autónomas). Y en esa parte, sí le voy a dar la razón. Lo cierto es que se trata de una transferencia de dinero de una parte a otra efectuada de modo involuntario y coaccionado. La ayuda del 0,7% al tercer mundo es un claro ejemplo de lo que pretendo decir. ¿A qué país ha podido sacar de la miseria el famoso porcentaje? A nadie, porque para salir de la pobreza, es condición necesaria (pero no suficiente) que el Estado se dedique a garantizar los derechos de los individuos.
Otro ejemplo lo tenemos en Andalucía. Aquí estamos hasta las orejas de subvenciones (para que se hagan una idea, en la web de Junta de Andalucía se anuncia que la Confederación de Empresarios de Andalucía presta ayuda a empresarios para que estos puedan cobrar subvenciones de la Unión Europea, que ya les vale también a estos), y es cierto que la diferencia entre renta per cápita andaluz y español se ha reducido, pero cuando la fuente de dinero gratuíto se acabe, nos daremos cuenta de que no hemos abordado las reformas necesarias y que esas tan aclamadas y defendidas ahora subvenciones no nos ayudaron, sino que nos cegaron en lo que de verdad debíamos hacer.
El caso es que el artículo 2 de la Constitución, así como el 138.1 garantizan el principio de solidaridad, el mismo que propicia el desarrollo de políticas que resultan perniciosas a largo plazo. Los partidos políticos, sean del partido que sean, sólo las ponen en práctica en función de la conveniencia electoral.
Un servidor es de los que cree que una mayor flexibilización del despido (entre otras muchas cosas, como un menor despilfarro en el gasto público, una reducción de la burocracia y una eliminación de la cultura de la ayuda mal entendida) conseguiría mejores resultados que ser solidarios y dificultar que las medidas que mejorarían a largo plazo el bienestar de una región se pongan en marcha. Las subvenciones sólo crean situaciones artificiales de bienestar, y resolver casos tan complicados como el de los astilleros de Izar resulta más se hace más complicada por ello.
A lo anterior, añadiría que cada comunidad autónoma fuera más independiente desde el punto de vista económico, que el Estado central se encargara de relaciones internacionales, ejército, justicia, seguridad y poco más. La solidaridad es perfectamente privatizable (lo que hay ahora es coacción con una buena intención). El problema es que ese el debate se enturbia con las declaraciones de muchos dirigentes nacionalistas (como Puigcercós, Carod Rovira, Ibarretxe y demás políticos), quienes conforman la idea de que cada concesión de transferencias supone una cesión al nacionalismo. Esta idea es equivocada. La verdadera cesión de soberanía sería darle un dinero (una propiedad privada, a fin de cuentas) a un grupo de personas que no les corresponde. Ello supone que el sistema de cupos vasco, en el que el Estado da una cantidad ingente de dinero a una comunidad y esta le devuelve cuatro perras es una flagrante injusticia. Por cierto, un robo estatal que se mantiene desde la época de no recuerdo que era de "Dios, Patria y Fueros"... e incluso etapas anteriores. Sí existe el riesgo real de una posible marginación de personas por razones culturales o de "lugar de nacimiento", pero creo que forma parte de otro debate que debe ser claramente diferenciado de este.
Un último detalle. Se habrán dado cuenta de que el argumento de Puigcercós rozaba el neoliberalismo. Se basa en que la idea de que solidaridad tiene un límite, y llega un momento en el que esta no tiene sentido. Pues bien, me he enterado de que el señor Puigcercós ha decidido ser mínimamente coherente y, en vez de dilapidar el dinero ajeno, formará su propio partido político que será de corte anarcocapitalista, con el fin de que los ciudadanos puedan disponer de su dinero y hagan lo que les dé la gana. No pensarán que este señor, hombre cabal y coherente donde los haya, cree que las razones por las que Andalucía o Extremadura no acaban de despegar con las subvenciones que se les concede son distintas de las de los catalanes que no salen de la pobreza... El no es de esos...